El engaño de las zonas de emisiones: por qué las ciudades no quieren o no pueden ponerlas Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llevan años presentándose como una de las grandes herramientas para reducir la contaminación en las ciudades españolas. Estas áreas de protección ambiental en grandes núcleos urbanos buscan limitar progresivamente la circulación de los vehículos más contaminantes. Sin embargo, 3 años después de que su implantación fuese obligatoria, en España todavía hay un ciudades que no las han activado, ayuntamientos que las han retrasado indefinidamente, restricciones anuladas por los tribunales y administraciones que intentan aplicar modelos mínimos para evitar conflictos políticos y sociales.La obligación de implantar las ZBE llegó con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021. La normativa establecía que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, además de determinados municipios de más de 20.000 habitantes con problemas de calidad del aire, debían contar con una de estas zonas de restricción de vehículos operativa antes del 1 de enero de 2023. En total, la medida afectaba a 153 municipios españoles.Ciudades sin ZBE y ayuntamientos que miran hacia otro ladoEn cambio, a comienzos de 2026 apenas algo más de medio centenar de ciudades tenían una ZBE activa y, sobre todo, operativa. Eso significa que cerca de dos tercios de los municipios obligados por ley siguen incumpliendo la normativa estatal. Y no hablamos únicamente de pequeñas localidades. Entre las ciudades importantes que todavía no han implantado plenamente su ZBE aparecen Murcia, Valencia, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria-Gasteiz.En muchos casos el problema va más allá del aspecto político. Hay ayuntamientos que todavía ni siquiera han terminado de redactar las ordenanzas necesarias, otros siguen pendientes de licitaciones para instalar cámaras para controlar los accesos y algunos directamente han optado por retrasar todo el proceso ante el temor al rechazo ciudadano. La situación es tan dispar que incluso hay municipios que, sobre el papel al menos, tienen una ZBE activa, aunque la realidad es que estas áreas apenas restringen el tráfico o solo funcionan de manera testimonial, lo que permite al consistorio evitar posibles represalias por incumplimiento normativo.Precisamente ahí aparece uno de los grandes debates alrededor de estas zonas. Y es que muchas administraciones no quieren asumir el coste político de limitar la circulación. Las ZBE afectan directamente a millones de conductores, especialmente a quienes tienen vehículos antiguos y menos recursos para sustituirlos. Eso ha convertido cualquier restricción al tráfico en un asunto extremadamente sensible, sobre todo en ciudades donde el transporte público sigue teniendo importantes carencias.La amenaza de la vía judicialAdemás, los ayuntamientos han visto cómo varios tribunales empezaban a tumbar algunas de las ZBE más importantes del país. El gran ejemplo es Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parcialmente la ordenanza que regulaba Madrid ZBE y las Zonas de Especial Protección, una decisión que posteriormente fue respaldada por el Tribunal Supremo. Los jueces consideraron insuficientes los informes económicos presentados por el Ayuntamiento de Madrid y cuestionaron que no se hubiesen estudiado alternativas menos restrictivas.La situación provocó un enorme terremoto jurídico porque Madrid llevaba años imponiendo multas dentro de sus zonas restringidas. Desde la entrada en vigor de las limitaciones se han tramitado millones de sanciones. Pese a ello, el Ayuntamiento madrileño decidió aprobar una nueva ordenanza para intentar blindar jurídicamente las restricciones y evitar que la ZBE desapareciera definitivamente.Barcelona también ha vivido una situación similar. Su primera ZBE fue anulada judicialmente, aunque más tarde el Ayuntamiento aprobó una nueva regulación que sí terminó obteniendo respaldo judicial. Ese miedo a acabar en los juzgados está provocando que muchas ciudades avancen con enorme cautela. Zaragoza es uno de los ejemplos más recientes. La ciudad activó oficialmente su ZBE en el Casco Histórico, para después rebajar mucho su alcance al vincular las restricciones únicamente a episodios concretos de contaminación. Legalmente la ZBE sigue existiendo, pero en la práctica funciona de forma mucho más flexible y menos restrictiva de lo previsto en un principio. Algunos expertos ya han advertido de que estos cambios podrían acabar judicializados porque se pueden interpretar como un retroceso en materia medioambiental.Mientras tanto, otras ciudades siguen directamente paralizadas. Hay municipios que temen repetir los problemas legales de Madrid y Barcelona, y prefieren retrasar la entrada en vigor antes que enfrentarse a posibles anulaciones judiciales. De hecho, muchas administraciones están intentando blindar jurídicamente sus futuras ZBE antes de activarlas definitivamente.El alto coste de activar una Zona de Bajas EmisionesA todo esto se suma otro problema importante como es el del aspecto económico. Implantar una Zona de Bajas Emisiones supone un alto coste para las arcas públicas. Hace falta instalar cámaras de lectura de matrículas, desarrollar sistemas informáticos, crear plataformas de gestión de autorizaciones y reforzar los controles policiales, además de instalar señalización específica.Por eso algunas ciudades han optado por modelos mínimos o muy reducidos, buscando cumplir formalmente con la ley sin generar grandes conflictos. El resultado es que España se está llenando de ZBE que, en muchos casos, apenas tienen impacto real sobre el tráfico y la contaminación.Si los ayuntamientos no activan una ZBE y, por tanto, incumplen la normativa actual, ¿se enfrentan a sanciones o posibles represalias? La respuesta es sí, aunque de momento las consecuencias siguen siendo bastante limitadas. El problema principal es que la normativa estatal no estableció inicialmente un régimen sancionador claro para los municipios incumplidores, por lo que no se aplican denuncias ni se lleva a los responsables ante la ley.Aun así, el Gobierno central ya ha empezado a introducir medidas de presión. La más importante es la posibilidad de retirar ayudas estatales al transporte público urbano a aquellas ciudades que no tengan una ZBE operativa. Además, existe presión desde Bruselas, ya que estas zonas forman parte de los compromisos medioambientales vinculados a los objetivos europeos de reducción de emisiones y calidad del aire.Si España incumple reiteradamente los límites de contaminación fijados por la Unión Europea, la Comisión Europea podría iniciar procedimientos sancionadores contra el Estado. Aunque esas posibles multas no recaerían directamente sobre los ayuntamientos, sí aumentarían todavía más la presión sobre las administraciones locales.Y todo esto refleja un problema mucho más profundo. Las Zonas de Bajas Emisiones nacieron como una medida medioambiental relativamente simple, pero han terminado convirtiéndose en un conflicto político, económico y social. Los ayuntamientos saben que restringir el tráfico puede tener un alto coste electoral, los tribunales exigen cada vez más justificaciones legales y muchos ciudadanos consideran injusto que se penalice a quienes no pueden permitirse cambiar de coche. Y esas son las razones principales por las que la implantación de las ZBE en España avanza mucho más lento de lo que preveía el Gobierno cuando las aprobó hace ya cinco años.
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