Una luz V-16 colocada en la carrocería de un coche.Tres meses y medio después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de uso de la luz V-16 como dispositivo de preseñalización de emergencias, varios fabricantes han lanzado un comunicado conjunto para trasladar su “preocupación ante la situación de incertidumbre que se ha generado en torno al uso de la baliza conectada”. Este grupo de empresas denuncia un “contexto de desinformación, mensajes no siempre coincidentes y falta de claridad para el ciudadano que está afectando a millones de conductores”. A juicio de los firmantes, que deslizan críticas tanto a la prensa como a la Administración, sin citar expresamente a la Dirección General de Tráfico (DGT) ni al Ministerio del Interior, las circunstancias dificultan “la comprensión de sus obligaciones” a los automovilistas, que no saben “cómo actuar correctamente ante una emergencia en carretera”. Pese a que desde el pasado 1 de enero todos los vehículos (salvo las motocicletas) están obligados por ley a portar una V-16 conectada, “más de la mitad del parque móvil español se encuentra en una situación de ilegalidad sin ser consciente de ello”, aporta el comunicado. Según el Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, “un reciente estudio de opinión [que no se cita en la nota] muestra que millones de conductores desconocen qué baliza es válida conforme a la normativa, no saben cómo deben actuar ante una avería o siniestro, ni han recibido información clara y accesible por parte de las instituciones responsables”. Politización de la V-16 El comunicado, firmado por Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, denuncia que la “ausencia de campañas informativas efectivas” está causando incertidumbre, “errores en la toma de decisiones y, en última instancia, un riesgo innecesario para la seguridad vial”. Los fabricantes piden expresamente “campañas de información rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo” y un “compromiso institucional firme y despolitizado con la seguridad vial”. En este sentido, los fabricantes se quejan de la utilización partidista contra la V-16 y recuerdan que es el resultado de un proceso normativo riguroso “impulsado bajo Gobiernos de distinto signo político”. El marco regulatorio arrancó en 2014 y su consolidación se produjo mediante la aprobación de los reales decretos 159/2021 y 1030/2022. En las últimas semanas, el dispositivo ha recibido el respaldo del Parlamento Europeo después de preguntas directas de representantes del PP que, en su día, habían apoyado la iniciativa. También Vox estuvo a favor de la medida. “Transformar una medida de seguridad vial, diseñada para salvar vidas, en un elemento de confrontación política resulta irresponsable. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad”, sostienen los fabricantes. Los firmantes se lamentan también de la publicación de informaciones que relacionan el incremento de atropellos durante la pasada Semana Santa con el uso de la baliza V-16. Aunque indirecto y perifrástico, el ataque a algunos medios de comunicación parece evidente: “Se está produciendo un uso incorrecto de las comunicaciones asociadas a la solución, lo que compromete su eficacia como herramienta de seguridad vial”. Confusión por la baliza V-16 Las declaraciones públicas e interpretaciones diversas de algunos representantes políticos, además, “han contribuido a generar confusión” entre los conductores sobre el alcance de la normativa. El alboroto en torno a la V-16, en definitiva, “está debilitando la percepción de obligatoriedad del dispositivo”. El director general de Tráfico, Pere Navarro, admitió este martes que admitiendo que “probablemente” haya faltado informar mejor sobre las ventajas del accesorio. Según entienden los fabricantes, la principal consecuencia posible es que los automovilistas no lleven la baliza en su vehículo y se expongan a multas económicas y pongan en riesgo su seguridad y la del resto de usuarios de la vía. El comunicado exige “una comunicación pública clara, homogénea y alineada con el marco normativo vigente”, de forma que los conductores “sepan con certeza qué dispositivo deben portar y cuáles son sus obligaciones reales”. Asimismo, reclaman claridad “para aportar estabilidad a un sector empresarial español que genera empleo, actividad económica e inversión”.
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