El PSOE quiere que los excesos de velocidad catalogados como delito sean más duros Las multas por exceso de velocidad se llevan la palma cuando hablamos de infracciones en las carreteras españolas. Anualmente, la Dirección General de Tráfico registra casi cuatro millones de multas por esta misma infracción, lo que ha llevado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a presentar una proposición de Ley para castigar más duramente a aquellos que no respetan la normativa vial.Esta iniciativa registrada en el Congreso está basada en la reducción de los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa es considerada como un delito. Concretamente, el partido político ha propuesto una reducción de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carreteras.Trasladado a las distintas situaciones que se pueden dar en la vía, esta proposición de ley interpretaría como delito grave circular a 80 km/h por una calle de 30, o a 190 km/h en las autovías españolas.Una reducción que implica un castigo mayorEl principal objetivo de esta proposición de ley es aumentar el castigo a aquellos conductores que ponen en peligro la vida del resto de ciudadanos en la carretera al circular a una velocidad innecesariamente alta. No obstante, el proceso de esta iniciativa implica una modificación del Código Penal que puede retrasar su entrada en vigor.Tal y como explica la agencia Europa Press, esta medida conlleva la modificación del artículo 379.1 del Código Penal, aunque no por ello deben cambiar las penas ya establecidas.En este escrito judicial, el exceso de velocidad en carretera es penado con prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses; aunque también recoge la opción de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, la retirada del permiso de conducir por un tiempo superior a 1 y 4 años. No obstante, cabe mencionar que, dependiendo las circunstancias y el contexto, las penas varían acorde a la interpretación del juez.Es más, bajo ninguna circunstancia las multas por exceso de velocidad son consideradas leves, pues las consecuencias en la carretera son más que claras para el sistema judicial. Aunque en el caso de no alcanzar las velocidades más extremas, las sanciones oscilan entre 100 y 600 euros, y en varios casos implica además la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir.Una medida necesaria para la seguridad vialSegún defienden los socialistas, la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2007 supuso un paso adelante decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial. Sin embargo, 20 años más tarde, es momento de revisarlo y ajustarlo a las tendencias de conducción actuales, además de “reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción se considera alto”.“De acuerdo con los estudios científicos, un aumento del 1% en la velocidad de circulación produce un aumento del 4% en el riesgo de verse involucrado en un accidente mortal”, defienden desde el Partido Socialista.Si tenemos en cuenta los datos más recientes sobre las infracciones administrativas de exceso de velocidad, los datos son cuanto menos llamativos, pues casi el 40% de las multas por superar la velocidad máxima permitida conlleva la pérdida de puntos en España."Sin embargo, la influencia de la velocidad como factor causante de siniestros sigue siendo elevada. En 2024, un 22% de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada", defienden desde el partido político.Por último, los socialistas consideran que "mantener los umbrales actuales del artículo 379 resulta obsoleto y va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales y europeos de seguridad vial”.Junto a ello, inciden en que “es necesario actualizar la legislación penal para reflejar una política moderna de movilidad, priorizando la protección de la vida y respondiendo proporcionalmente a conductas que amenazan la seguridad ciudadana".En definitiva, esta propuesta del PSOE busca alinear el marco legal español con las realidades de una movilidad que exige mayor prudencia, especialmente en entornos urbanos donde la vulnerabilidad de peatones y ciclistas es máxima.Aunque el endurecimiento de los umbrales penales promete ser una herramienta disuasoria clave, su éxito dependerá del consenso político necesario para modificar el Código Penal y de la capacidad de la administración para gestionar este posible repunte de delitos viales.