Marlaska dará explicaciones en el Congreso sobre la baliza V16 de la DGT: “Acrediten la eficacia, viabilidad e implementación” El próximo miércoles 25 de febrero, el Congreso de los Diputados se convertirá en el escenario de una de las explicaciones más esperadas por el sector automovilístico en lo que va de año. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudirá a la Comisión de Interior para dar cuenta de la implantación obligatoria de la baliza V16 conectada, un dispositivo que, desde el pasado 1 de enero de 2026, es el único sistema legal de preseñalización de emergencias en las carreteras españolas.Esta cita parlamentaria llega en un momento de máxima presión, con la oposición cuestionando la transparencia del proceso y la Comisión Europea analizando si la normativa española se ajusta al derecho comunitario.De hecho, la intervención del ministro tendrá como eje central la defensa de la vida humana frente a las críticas técnicas. Por ello, se espera que Marlaska reitere los argumentos que ya ha esbozado en foros previos, donde ha llegado a equiparar la importancia de la baliza V16 con hitos históricos de la seguridad vial como el cinturón de seguridad o el carné por puntos.Para el titular de Interior, no se trata de una cuestión accesoria, sino de una herramienta imprescindible para frenar los atropellos en carretera, una de las causas de mortalidad más altas en nuestro país.Es más, según los datos oficiales del ejercicio 2025, 103 peatones perdieron la vida en vías interurbanas, y una media de 25 personas fallecen anualmente de forma específica mientras intentan colocar los tradicionales triángulos de emergencia.Ahora, el Gobierno deberá afrontar este miércoles el reto de acreditar no solo la eficacia de la luz, sino la viabilidad del sistema de conectividad que la acompaña. El Partido Popular, que ha solicitado formalmente esta comparecencia, califica el proceso de implantación como caótico y cuestiona la exclusividad tecnológica de España en el marco europeo.De hecho, la diputada Ana Vázquez ha liderado las críticas, exigiendo que se aclare por qué se ha impuesto un dispositivo que requiere una tarjeta SIM y una conexión obligatoria a la plataforma DGT 3.0, sugiriendo que el Ejecutivo debe demostrar que esta decisión no responde a intereses ajenos a la seguridad ciudadana. Ante estas acusaciones, Marlaska defenderá, como ha hecho en otras ocasiones, que la idea partió de los propios servicios de auxilio en carretera, los profesionales que más riesgos asumen en cada intervención.Otro de los puntos calientes de la sesión será la respuesta del Ministerio ante la sombra de la ilegalidad que planea desde Bruselas. Recientemente, se ha conocido que la Comisión Europea estudia si España vulneró las normas de comercio interior al no notificar previamente la regulación de estas balizas.Por ello, el ministro tendrá que explicar cómo afectaría una posible resolución desfavorable de la Unión Europea a los millones de conductores que ya han adquirido el dispositivo. Además, deberá detallar el estado de la plataforma DGT 3.0, garantizando que es capaz de gestionar el volumen masivo de datos de geolocalización sin comprometer la privacidad de los usuarios ni sufrir caídas de sistema en momentos críticos.En el ámbito de la implementación práctica, se espera que Marlaska aclare el criterio de vigilancia que seguirán los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Aunque la norma entró en vigor el primer día del año, el ministro ya ha avanzado en intervenciones recientes que la DGT no tiene un afán recaudatorio y que se aplicará un periodo razonable de pedagogía antes de proceder a sanciones masivas.Esto se debe a que esta flexibilidad busca mitigar el malestar ciudadano y la confusión generada por la retirada del mercado de ciertos modelos que, pese a estar homologados inicialmente, no cumplían con los requisitos definitivos de conectividad.La comparecencia del miércoles se perfila, por tanto, como un ejercicio de validación política de una apuesta tecnológica sin retorno. El éxito de Marlaska dependerá de su capacidad para transformar un debate que actualmente está centrado en licencias, tarjetas SIM y burocracia, en un debate sobre protección civil.Al exigir que el ministro acredite la eficacia del sistema, el Congreso busca garantías de que la digitalización del auxilio en carretera es una solución robusta y no un experimento tecnológico. De este modo, la sesión del día 25 será determinante para asentar la seguridad jurídica de los conductores y definir si la baliza V16 logra finalmente la aceptación social necesaria para cumplir su propósito de salvar vidas.