Varapalo para la DGT y su baliza V16. España no comunicó la norma a Europa y ahora podría tumbarla El pasado 1 de enero de 2026 los triángulos de emergencia dejaron de estar permitidos en España y han sido sustituidos por la baliza V16 conectada de la DGT. El cambio, que supone una modificación profunda en la forma de señalizar una avería o un accidente en carretera, ahora se enfrenta a un inesperado frente europeo. La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno español no notificó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de este dispositivo, lo que podría tener consecuencias jurídicas relevantes e incluso abrir la puerta a cuestionar su aplicación.La polémica parte de una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por la vicepresidenta del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat. En ella, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, afirma que los reales decretos españoles que regulan la baliza V16 “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”.Europa cuestiona la legalidad de las balizas V16Esta directiva obliga a los Estados miembro a comunicar a la Comisión cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el objetivo de prevenir obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho de la Unión.Según la propia respuesta, si un Estado no cumple con la obligación de notificación, la Comisión puede iniciar un procedimiento formal de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados conforme a la citada directiva. En otras palabras, la falta de notificación podría derivar en que los tribunales españoles se vieran obligados a no aplicar la norma.Para entender el alcance de esta situación conviene recordar qué implica la obligación de usar la baliza V16 como elemento de preseñalización. Este dispositivo luminoso de emergencia sustituye a los tradicionales triángulos y está diseñado para advertir de la presencia de un vehículo detenido por avería o accidente sin que el conductor tenga que abandonar el coche, reduciendo así el riesgo de atropello. En caso de incidente, el conductor debe activarla y colocarla preferentemente sobre el techo del vehículo, donde queda fijada mediante una base imantada. La baliza emite una luz intermitente amarilla de alta intensidad visible en 360 grados, lo que facilita su detección incluso en condiciones de baja visibilidad, de noche o con meteorología adversa. Pero la gran novedad respecto a los antiguos triángulos es su conectividad. Al activarse, la V16 se conecta automáticamente a la plataforma DGT 3.0 y envía la geolocalización exacta del vehículo. Esa información permite a la Dirección General de Tráfico difundir avisos a través de paneles de mensaje variable en carretera, sistemas de navegación y aplicaciones de tráfico, de modo que otros conductores pueden recibir una alerta antes incluso de tener contacto visual con el vehículo detenido.La normativa española fija además requisitos técnicos muy concretos. Las balizas deben asegurar un funcionamiento continuo durante al menos 30 minutos, ser resistentes a lluvia, viento y temperaturas extremas; contar con una batería con una vida útil mínima de 18 meses y garantía de conectividad durante al menos 12 años sin coste para el usuario. Bruselas podría tumbar el nuevo dispositivo de preseñalización de la DGTAsimismo, las balizas deben haber superado un proceso de homologación por parte de la DGT, que certifica su conformidad con el Reglamento General de Vehículos. Toda baliza que no cuente con esta homologación no se podrá utilizar en la carretera. De hacerlo, el usuario se expone a una posible multa de tráfico amparada por la normativa en vigor.Y es precisamente esa imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional lo que Bruselas pone bajo la lupa. La Comisión recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la Unión Europea y que, en principio, se aplican las normas nacionales de tráfico. Sin embargo, advierte de que la imposición de requisitos técnicos concretos puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior, algo que las autoridades españolas tendrían que justificar conforme al Derecho de la Unión. Desde el PPE se habla ya de “enorme inseguridad jurídica” para millones de conductores y para el conjunto del sector. Dolors Montserrat ha subrayado que cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones. Además, reclama al Ejecutivo que aclare de inmediato la situación y garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión.
