El preocupante dato que la DGT no logra frenar: 3.000.000 de vehículos incumplen la ley y "circulan sin garantías mecánicas" por nuestras víasEl parque móvil español atraviesa una situación crítica que debería encender todas las alarmas en el ámbito de la seguridad vial. Actualmente, la edad media de los automóviles que transitan por nuestras calles y carreteras supera los quince años, lo que se traduce en un conjunto de vehículos con un desgaste mecánico considerable y, por ende, potencialmente peligroso. En un contexto donde la fiabilidad técnica es fundamental para prevenir accidentes, el mantenimiento y las revisiones periódicas adquieren una relevancia mayor, aunque la realidad apunta en la dirección opuesta, con una parte significativa de los conductores optando por prescindir de los controles obligatorios. El envejecimiento del parque móvil como riesgo sistémico Es preciso destacar que, según los datos proporcionados por las estaciones de ITV, hasta un 35% de los coches que tienen la obligación legal de someterse a esta prueba no lo hacen. Esta estadística resulta especialmente alarmante si consideramos que la Inspección Técnica de Vehículos constituye el único filtro oficial que certifica el estado mecánico de un automóvil. Aunque es cierto que la normativa, regulada parcialmente desde Bruselas, ha puesto un énfasis creciente en el control de las emisiones contaminantes, esto ha provocado, en ocasiones, que se pasen por alto otros aspectos técnicos fundamentales para garantizar la integridad de los ocupantes durante la circulación. El abandono administrativo y la falta de responsabilidad individual se cruzan en un escenario donde se calcula que aproximadamente tres millones de coches circulan por España sin haber superado la inspección. El motivo es, en esencia, un cálculo egoísta de coste y riesgo. Muchos propietarios son conscientes de que su vehículo no superará la prueba debido a averías acumuladas, las cuales suponen un desembolso económico elevado. Ante la perspectiva de tener que afrontar reparaciones que pueden ascender a cientos de euros, los conductores optan por la irregularidad. El fraude de la ITV ante la inacción administrativa La estrategia de estos infractores es clara y se basa en la asunción de un riesgo calculado. Muchos prefieren seguir circulando y, en caso de ser interceptados por las autoridades, pagar la sanción de 200 euros, o 100 euros con la reducción por pronto pago, en lugar de realizar el desembolso necesario para poner el coche al día. Esta situación demanda, con urgencia, que la DGT endurezca sus políticas, implementando medidas disuasorias reales como la retirada de puntos del carné o la inmovilización inmediata de los vehículos que no cuenten con la ITV vigente. El problema de fondo es que, a pesar de ser plenamente consciente de la gravedad de este incumplimiento masivo, la DGT parece no querer "mover ficha" ante una situación que compromete la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. Por último, es fundamental señalar que el riesgo no es solo sancionador. Los conductores que circulan sin la ITV en regla ignoran que las compañías aseguradoras pueden negarse a cubrir los siniestros provocados por vehículos que no han pasado la inspección obligatoria. Esto implica que un accidente puede derivar en un "disgusto muy serio" desde el punto de vista económico y legal, un detalle en el que muchos no suelen caer hasta que es demasiado tarde.
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