La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado una red criminal dedicada a manipular de forma fraudulenta inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Su objetivo era permitir la circulación de automóviles sin las condiciones mínimas de seguridad. La organización operaba en el distrito madrileño de San Blas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En total, cuatro personas han sido detenidas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la seguridad vial y coacciones. La investigación se inició en noviembre de 2025, tras detectarse irregularidades en una estación de ITV. La operación culminó el 19 de mayo con la desarticulación de la trama. La red actuaba desde una estación ubicada en San Blas, donde uno de los arrestados cobraba entre 100 y 150 euros por garantizar el aprobado de los vehículos, independientemente de su estado real. A cambio del pago, los coches obtenían un resultado favorable. Esto les permitía seguir circulando, pese a no cumplir los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente. Para llevar a cabo este fraude, el principal implicado contaba con la colaboración de trabajadores de la propia estación, quienes presuntamente actuaban bajo coacciones ejercidas por sus superiores. Estos empleados facilitaban las inspecciones o ignoraban defectos relevantes durante las revisiones. Además, los miembros de la red se encargaban del traslado de los turismos hasta la ITV. También gestionaban todos los trámites necesarios para asegurar su aprobación. Cabe recordar que suspender la ITV implica la inmovilización inmediata del vehículo y su retirada de la circulación hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, por lo que esta práctica permitía eludir un control esencial para la seguridad vial. Grave riesgo para la seguridad vial Durante la operación, los investigadores interceptaron e inspeccionaron diversos vehículos que habían superado estas revisiones fraudulentas. En ellos se detectaron graves deficiencias técnicas, como neumáticos agrietados o en mal estado y sistemas de iluminación defectuosos, incluidos faros delanteros descolgados. La red llegaba a tramitar de forma irregular entre diez y veinte vehículos al día, lo que habría facilitado la entrada en circulación de centenares de automóviles potencialmente peligrosos. Esta actividad suponía un riesgo directo para el resto de conductores, al permitir la presencia en las carreteras de coches que no cumplían las condiciones mínimas de seguridad. Los vehículos no cumplían con la normativa vigente. La operación concluyó el pasado 19 de mayo con la entrada y registro en la estación de ITV donde se producían los hechos. Durante el dispositivo se incautó documentación relacionada con la actividad ilícita y se procedió a la detención de los implicados, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Posibles condenas para los implicados Los detenidos podrían enfrentarse a penas de varios años de prisión por los delitos que se les imputan. Entre ellos figura la pertenencia a grupo criminal, que en el Código Penal español puede castigarse con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, dependiendo del grado de organización y del papel desempeñado por cada implicado en la trama. A esto se suma el delito de falsedad documental por la emisión de certificados de ITV fraudulentos, castigado con penas de seis meses a tres años de prisión y multas. También se investiga un delito contra la seguridad vial por permitir circular a vehículos que no cumplían las condiciones mínimas, lo que podría acarrear nuevas sanciones. Hombre en la cárcel Asimismo, los implicados podrían ser condenados por coacciones, en el caso de que se demuestre que obligaron a empleados a participar en la actividad ilícita. Este delito también está castigado con penas de prisión o multa, en función de la gravedad de los hechos. En conjunto, y en función de cómo se acrediten los delitos ante el juez, las penas podrían traducirse en varios años de cárcel. También podrían imponerse multas económicas significativas. Además, los implicados se enfrentarían a la inhabilitación profesional en el ámbito de la inspección técnica de vehículos.
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