La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece ante la comisión del Senado sobre el apagón peninsular de abril del año pasadoPlatón (427-347 a. C.) pensaba que «de noche, sobre todo, es hermoso creer en la luz». Hoy, martes, 28 de abril, se cumple un año del apagón que primero colapsó España y Portugal y que, ya entrada la tarde y la noche, dejó a oscuras a grandes zonas de ambos países. Millones de habitantes de la península ibérica reflexionaron, como el filósofo, sobre la hermosura de la luz por la noche, algo que siempre había estado ahí, pero que, de repente, en pleno siglo XXI, falló con estrépito. Doce meses después, no hay una explicación convincente por parte del Gobierno de Sánchez ni de la empresa Red Eléctrica de España (REE), que preside Beatriz Corredor, sobre qué ocurrió y por qué. La exigencia de responsabilidades, por otra parte, se ha quedado en nada en la práctica. Eso sí, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que preside Cani Fernández, ha expedientado en las últimas semanas a todo lo que se mueve en el sector eléctrico. Es obvio que se pretende diluir la responsabilidad de lo ocurrido, y la mejor manera es repartir culpas a diestro y siniestro. Hace un año, cuando se restableció la normalidad, los expertos del sector ya tenían claro lo que había ocurrido. También en las grandes compañías eléctricas españolas. El Gobierno, tan obsesionado con las energías renovables como con erradicar la nuclear, jugó con fuego a través de Red Eléctrica y se quemó. Han tenido que pasar muchos meses para que salieran a la luz audios de conversaciones internas de los operadores de REE, en los que expresaban que el sistema estaba al límite y al borde de un colapso. Llegó el 28 de abril, pero podría haber ocurrido cualquier otro día de la primavera pasada. Teresa Ribera hacía poco que había dejado el Gobierno para irse como vicepresidenta a la Comisión Europea, pero lo había dejado todo organizado para que España pudiera presumir de, en algún momento, utilizar solo energías renovables. Es posible, pero no seguro, como demostró el apagón. Todo aquel dislate cuesta 2.000 millones en medidas preventivas, como ha explicado Humberto Montero en este periódico. Además, ha generado un enfrentamiento bronco entre el Gobierno, REE, la CNMC y las eléctricas. Al mismo tiempo, mientras la Comisión Europea recomienda extender la vida útil de las centrales nucleares en activo, el Gobierno –que sabe que es necesario–, encerrado en su obsesión antinuclear electoralista, da largas, pospone cualquier solución efectiva y confirma que «la tragedia real de la vida es que los adultos teman a la luz», como también decía Platón.
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