El fenómeno de los vehículos vivienda se mantiene imparable. El ejercicio 2026 ha comenzado con un incremento de ventas en casi todos sus formatos, lo que coincide con una presencia cada vez mayor de autocaravanas y furgonetas camperizadas (algo menos de caravanas remolcadas) por las carreteras españolas. Un arma de doble filo para esta actividad, que se está viendo sometida de forma recurrente a restricciones por parte de los ayuntamientos. La Dirección General de Tráfico (DGT) emitió hace escasas semanas una nueva instrucción sobre el uso de este tipo de vehículos. En ella, insiste en las diferencias ya conocidas entre pernoctar en un vehículo y la acampada, aunque del mismo modo legitima a las autoridades municipales a regular el uso de los espacios públicos de estacionamiento por motivos justificados. Lo cierto es que cada vez son más las limitaciones que sufren estos vehículos vivienda, mediante prohibiciones específicas de aparcamiento en determinados horarios (impidiendo así la pernocta) o controles de galibo que dejan fuera de los estacionamientos a la mayoría de las autocaravanas o cámper por su altura. Los ayuntamientos optan por esta decisión, muy discutida por el colectivo de usuarios, ante la presión de la ciudadanía, que se queja del abuso de la ocupación del espacio o actitudes incívicas de algunos aficionados a este turismo. Increíble… pero cierto La realidad constatable es que la inmensa mayoría de autocaravanistas son respetuosos con el cumplimiento de las normas y la convivencia con otras personas. Sin embargo, al tratarse de una actividad tan extendida, que un pequeño porcentaje sea ajeno a estas exigencias se traduce en una imagen perjudicial para los demás. Es el caso que hemos podido comprobar recientemente. Un fin de semana de pernocta en un maravilloso estacionamiento público en la costa de Vizcaya. Tranquilo la mayor parte del día, con estupendas vistas al mar y, al menos por ahora, sin limitaciones para la pernocta en el interior de vehículos. Un auténtico privilegio del que disfrutaban en el lugar una decena de autocaravanistas, todos ellos correctamente estacionados y haciendo vida en el interior de sus vehículos viviendas, con una discreción que a nadie puede molestar o inquietar. La norma extendida, insisto, entre la mayoría, pero que, lamentablemente, tiene excepciones que resultan terriblemente dañinas para los demás. Amanece en el estacionamiento, después de una noche cómoda y sin sobresalto alguno. Me asomo por una de las ventanas de mi furgoneta y la imagen no puede ser más desoladora. Una pareja de jóvenes, usuarias de una cámper compacta, ante la falta de espacio en su interior, han desplegadado objetos personales, un toldo, toallas y otros enseres fuera del vehículo. Han pasado, por tanto, de la pernocta a la acampada, totalmente prohibida en España al margen de los recintos habilitados para tal fin. Vertidos en la vía pública Pero aún hay más. Semejante despliegue se debe a la necesidad de aseo diario de las ocupantes de la pequeña cámper. Una ducha rápida, con vertidos de agua y jabón, a lo que sigue arrojar el cabello tras un buen cepillado… y prefiero no imaginar si la mancha que anuncia la tropelía en el asfalto se compone de algún líquido más. Vertido Todo ello sin el menor reparo o pudor. Ignoro si la actitud se corresponde con la ignorancia o con una falta de urbanidad, pero lo evidente es que llega a ser fácil entender el enfado de los vecinos de la zona e incluso de otros usuarios del aparcamiento ante tal situación. Una irritación que, con mucha probabilidad, se transforma en protestas ante las autoridades, que a su vez optan por el camino más sencillo y eficaz: prohibir es siempre más fácil que controlar y multar. El colectivo de usuarios de estos vehículos es el primero que denuncia y critica estas tropelias, que no por aisladas pasan desapercibidas y causan un enorme perjuicio general. Son argumentos que los ayuntamientos, ante las quejas de sus ciudadanos, esgrimen para justificar la necesidad de prohibir el acceso a estos lugares de determinados vehículos, avalados además por reciente jurisprudencia que legitima sus decisiones.
+4 personas más
