Adiós de Europa a la baliza V16 de la DGT. Obligar a comprarla por ley puede ser ilegal La tan de actualidad baliza V16 sigue dando dolores de cabeza a la Dirección General de Tráfico. Tras las polémicas sobre su precio, las multas, las homologaciones, el mapa de ubicación de vehículos averiados, entre otros, la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la V16 por parte de Europa se ha convertido en el próximo reto de la administración de tráfico.Según el Partido Popular Europeo (PPE), el Gobierno de España no avisó a Bruselas sobre la normativa que exige la obligatoriedad de la baliza V16, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas “relevantes” que afectarían a los millones de conductores españoles y pondrían en duda la aplicación de la obligación en vigor de esta normativa vial.¿Qué defiende la Comisión Europea?Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, defiende que “los reales decretos españoles no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”. Junto a ello, reconoce que es obligación de los Estados miembro llevar a cabo una breve confirmación sobre si sus proyectos de medidas están sujetos a esta obligación de notificación.Este “olvido” no es un aspecto menor, pues la norma europea exige a los Estados miembro a notificar a la Comisión Europea de cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción. Esto se debe a que, mediante este proceso, se previenen obstáculos respecto al mercado interior y además garantiza la compatibilidad con el Derecho de la Unión, según clarifica el PPE.De hecho, el Partido Popular Europeo así lo sentenciaba en su comunicado: "Si los Estados miembro no cumplen su obligación de comunicar los proyectos de reglamentos técnicos con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/1535, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".Aplicado a la práctica, lo que el PPE alerta es que esta infracción podría derivar en un procedimiento formal de infracción contra España por parte de Europa. Aprovechando esta situación de desconcierto, la Comisión Europea ha recordado las consecuencias jurídicas de esta situación.A raíz de tal comunicado, la eurodiputada del PPE Dolors Montserrat ha subrayado que “el propio Ejecutivo europeo recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados, lo que confirma la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector del transporte”.Además, Montserrat alerta sobre la difícil situación legal en la que se encuentra España frente a la Unión Europea. La política catalana explica que el Gobierno debe encontrar una rápida pero efectiva respuesta para poner solución al limbo actual en el que se encuentra el país."Cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos y no cumple los procedimientos europeos, pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones", sentenció la eurodiputada. Junto a ello, reclamó al Ejecutivo que "aclare de forma inmediata esta situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia y responsabilidad".Del mismo modo, Montserrat recalcó que “la Comisión Europea también advierte de que este tipo de requisitos técnicos nacionales puede constituir una restricción al mercado interior”, el cual constituye uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Como conclusión, la eurodiputada del PPE lamentó la estrategia del Gobierno de España, la cual calificó de “ir por libre” y distanciarse de la filosofía de la UE basada en el consenso y cooperación en las decisiones que afecta a la ciudadanía europea.¿Cómo afecta esta situación a los conductores españoles?Ahora, esta situación de incertidumbre genera una vulnerabilidad directa frente a la Administración. Si finalmente los tribunales confirman que la normativa es inaplicable por el defecto de forma en su notificación a Bruselas, aquellos ciudadanos que ya han realizado el desembolso económico para adquirir la baliza V16 conectada se encontrarían ante un gasto impuesto por una norma carente de validez jurídica.No obstante, más crítico aún es el aspecto sancionador, pues cualquier multa impuesta por no portar el dispositivo o por utilizar modelos no homologados bajo este reglamento viciado podría ser recurrida con éxito, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.Esta situación no solo genera un agravio comparativo entre quienes ya han cumplido con la norma y quienes no, sino que deja al usuario en la incertidumbre de si el dispositivo que hoy brilla en su salpicadero terminará siendo, por un error burocrático, un accesorio legalmente irrelevante.