Esta autovía costó 15 millones más de lo previsto y se retrasó 20 años. En cuestión de semanas ya tiene tres radares La historia de las infraestructuras en España está escrita con grandes hitos de ingeniería, pero también con relatos de paciencia ciudadana que rozan lo inverosímil. El caso de la autovía A-22, que conecta las capitales de Huesca y Lérida, se ha erigido como el ejemplo definitivo de esta dicotomía administrativa.Tras un proceso de gestación y construcción que se ha prolongado durante dos décadas, la vía finalmente presenta un aspecto cercano a la culminación, aunque con un balance que deja poco espacio para el entusiasmo institucional. Los datos son abrumadores: un retraso acumulado de 20 años y un sobrecoste que ha obligado a las arcas públicas a desembolsar 15 millones de euros más de lo presupuestado originalmente.Sin embargo, lo que ha provocado una reacción más encendida entre los usuarios no es la demora en sí, sino la extraordinaria diligencia con la que se han instalado dispositivos de control de velocidad. En apenas unas semanas tras la apertura de sus últimos tramos, la autovía ya cuenta con tres radares operativos.Este proyecto, concebido a principios de siglo para vertebrar el tráfico entre Aragón y Cataluña, nació con la promesa de enterrar la peligrosidad de la antigua carretera nacional N-240. No obstante, lo que debía ser una obra de ejecución ágil se convirtió en un laberinto de licitaciones fallidas, parones presupuestarios y modificaciones técnicas que estiraron los plazos de forma agónica.Durante veinte años, los conductores de la zona han visto cómo los tramos se inauguraban a cuentagotas, obligando a constantes transiciones entre la autovía y la nacional, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial y la pérdida de competitividad para el transporte de mercancías.La indignación social ha cristalizado al observar la celeridad con la que el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Tráfico han coordinado sus esfuerzos en la fase final, pero no para terminar los enlaces pendientes, sino para blindar la vía con radares. Resulta difícil para el ciudadano medio comprender cómo una administración que ha tardado dos decenios en completar una calzada puede ser capaz de instalar, señalizar y poner en funcionamiento tres complejos sistemas de vigilancia en un margen de tiempo tan escaso.Esta eficiencia asimétrica sugiere que, para el Estado, la prioridad recaudatoria y de control se sitúa muy por encima de la responsabilidad de entregar las infraestructuras en los plazos comprometidos. Los conductores perciben que la "bienvenida" a la nueva autovía no es un gesto de servicio público, sino una medida punitiva inmediata.Desde el punto de vista técnico y de seguridad, la administración justifica que los radares son necesarios para evitar que la excelente calidad del firme nuevo incite a los conductores a sobrepasar los límites legales, especialmente en una vía que los usuarios han esperado durante tanto tiempo.El argumento oficial sostiene que la vigilancia previene accidentes en los primeros meses de uso, cuando el exceso de confianza suele ser mayor. Sin embargo, esta explicación choca frontalmente con la realidad de quienes han arriesgado su seguridad durante años en la antigua N-240 precisamente porque la autovía no llegaba nunca.El impacto de este retraso de 20 años va mucho más allá de lo anecdótico. Se estima que el tejido empresarial de Huesca y Lérida ha perdido oportunidades de crecimiento incalculables debido a la falta de una conexión rápida y moderna. La A-22 es una arteria vital para el sector agroalimentario y logístico, y cada año de demora ha supuesto un sobrecoste operativo para miles de transportistas.Los 15 millones de euros de desviación presupuestaria oficial son solo la punta del iceberg de un coste social y económico mucho más profundo que ha lastrado el desarrollo de las comarcas del Somontano y el Cinca Medio, así como de la zona de la Litera.En la actualidad, recorrer la A-22 supone enfrentarse a una infraestructura que nace con una sensación de obsolescencia en su gestión, a pesar de la modernidad de su asfalto. Los tres radares instalados recientemente actúan como recordatorios constantes de una presencia estatal que, si bien estuvo ausente o fue ineficaz durante la fase de construcción, se muestra ahora omnipresente en su faceta sancionadora.En definitiva, es el cierre irónico de un círculo que comenzó con promesas de progreso y termina con la vigilancia de una carretera que ya debería haber sido veterana hace diez años. Mientras los radares parpadean ante el paso de los vehículos, queda en el aire la duda de si alguna vez se auditarán con la misma precisión las responsabilidades políticas de un retraso que ha marcado a toda una generación de conductores aragoneses y catalanes.
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