Una baliza V-16 sobre el techo de un coche.La obligatoriedad de la baliza V‑16, en vigor desde el 1 de enero de 2026, ha dado este jueves un paso más allá del debate político y técnico para instalarse en los juzgados. La compañía de recursos de multas Pyramid Consulting ha presentado una demanda ante los Tribunales de Instancia de Madrid, en el ámbito contencioso‑administrativo, contra una sanción vinculada al dispositivo luminoso, solicitando además que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial. Con esta acción judicial, el despacho abre por primera vez en España un frente europeo efectivo contra el actual marco sancionador de la V‑16. No se trata, subraya en su escrito, de una impugnación teórica, sino de un procedimiento concreto que cuestiona si la obligatoriedad del dispositivo se ha construido sobre una base jurídicamente sólida. Uno de los ejes de la demanda es la posible vulneración del principio de confianza legítima. La compañía recuerda las declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, en las que se anunciaba un periodo de adaptación en la aplicación de la norma, un margen que argumenta finalmente no se habría respetado en la práctica sancionadora, según esta demanda Contra la reglamentación europea Además, el recurso plantea una cuestión clave desde el punto de vista comunitario: si la regulación de la baliza V‑16 puede considerarse un reglamento técnico que, conforme al derecho de la Unión, debería haber sido notificado previamente a la Comisión Europea. De no haberse producido esa comunicación, el sistema podría estar afectado de nulidad, un escenario que hasta ahora no había sido explorado en sede judicial. No obstante, Bruselas ha respaldado explícitamente la posición española. La Comisión Europea ha confirmado que la normativa comunitaria no se opone a la obligatoriedad de la baliza V‑16 y ha llegado a calificar a España como “un campeón de la seguridad vial”, en referencia a su tasa de víctimas en carretera, inferior a la media europea. El Ejecutivo comunitario ha recordado que no existe una regulación armonizada sobre estos dispositivos y que los Estados pueden ampararse en la Convención de Viena sobre Circulación Vial para establecer sistemas propios de señalización de emergencias. Ese respaldo, sin embargo, no ha cerrado todas las dudas. En el Parlamento Europeo, eurodiputados del PP y Vox han expresado críticas sobre el coste, la obligatoriedad exclusiva para los conductores españoles y las incertidumbres jurídicas del dispositivo. Precisamente en esos resquicios se apoya la estrategia legal ahora puesta en marcha, que va más allá del caso concreto y aspira a forzar un pronunciamiento del TJUE sobre la validez del proceso normativo seguido en España. De prosperar la iniciativa, la baliza V‑16 dejaría de ser un elemento normativo cerrado para quedar sometida a una revisión en un marco más amplio, el europeo. Un escenario que, de confirmarse, podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se están imponiendo sanciones relacionadas con este dispositivo y reabrir un debate que parecía zanjado desde Bruselas.