En los últimos días han aparecido en las redes sociales una serie de vídeos donde se pueden ver a grupos de encapuchados atacando y destruyendo radares de la DGT en diferentes carreteras de Sevilla. La Guardia Civil investiga una serie de ataques contra radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) que han tenido lugar en la provincia de Sevilla, después de que varios vídeos de los hechos comenzaran a circular por las redes sociales. Las grabaciones muestran a diferentes individuos, algunos con el rostro cubierto, arrancándolos de sus instalaciones con coches y herramientas, e incluso utilizando fuego para destruir los dispositivos de control de velocidad. Al menos tres radares aparecen como objetivo de estos ataques, aunque todavía no se ha confirmado el número exacto de equipos afectados ni si todos los incidentes están relacionados y/o han sido realizados por el mismo grupo de encapuchados. Ataques a los radares de la DGT en Sevilla Las imágenes corresponden a distintos puntos de la provincia, entre ellos la autovía A-92 y el entorno de la SE-30. En una de las grabaciones se observa cómo tres personas actúan contra un radar situado en la A-92, a la altura de Alcalá de Guadaíra. Dos de ellas sujetan una cuerda a la estructura y la enganchan a un coche, mientras una tercera se pone al volante. Al acelerar el vehículo, el soporte termina cediendo y el radar cae al suelo. De este modo, los sospechosos logran destrozar la base que soporta el radar y se hacen con la parte valiosa del equipo de medición de velocidad. Según parece, el objetivo de los encapuchados no es el de robar los radares, sino el de llevárselos para después destruirlos. De hecho, en el vídeo se muestra lo que ocurre cuando se logran llevarse el radar. Esta no es la única técnica que aparece en los vídeos. Otra de las escenas muestra a un individuo encapuchado subiendo hasta una estructura elevada sobre la A-92, donde también hay un panel luminoso que la DGT emplea para informar a los conductores. Una vez allí, el encapuchado rocía algún tipo de líquido incendiario, tal vez gasolina, para prender fuego al dispositivo instalado sobre los carriles. Las llamas alcanzan la calzada, donde probablemente hay caído parte del combustible utilizado para incendiar el radar, mientras el autor del ataque abandona el lugar utilizando una escalera lateral. En esta escena incluso se aprecia cómo un coche pasa justo por debajo del panel mientras el radar está en llamas. Un tercer incidente se produjo en la Ronda Urbana Norte, cerca de la SE-30, y en este caso utilizaron otra técnica diferente a las anteriores. En las imágenes se puede ver a varias personas utilizando una especie de cizalla hidráulica para cortar el soporte de un radar que hay instalado junto a la carretera. A continuación, retiran el equipo y lo cargan en el maletero de un vehículo. Más tarde, el cinemómetro acaba siendo pasto de las llamas. Por el momento no se ha podido determinar cuándo se produjeron exactamente todos los ataques a los radares de la DGT, ni si detrás de ellos se encuentra un mismo grupo. La difusión reciente de las grabaciones tampoco permite establecer que los hechos hayan ocurrido en las mismas fechas o que, por el contrario, se trate de casos aislados que simplemente han sido recopilados en un mismo vídeo. La Guardia Civil investiga los hechos Sea como fuere, los hechos están en manos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía. El cuerpo uniformado trata de esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar cuántos radares de la DGT han resultado dañados, sustraídos o, directamente, destruidos. Más allá de los daños materiales que hayan podido ocasionar este grupo de encapuchados que está destruyendo radares en Sevilla, este tipo de acciones pueden tener consecuencias penales. La destrucción de un cinemómetro puede constituir un delito de daños a una propiedad pública que, según las cifras de la Dirección General de Tráfico, tiene un valor de 67.000 euros. Esa cantidad da una idea del perjuicio económico que pueden ocasionar estos ataques, al que habría que añadir los trabajos necesarios para retirar los restos, las investigaciones de la Guarda Civil que se están llevando a cabo y reponer los equipos dañados, por lo que habría que añadir, como mínimo, otros 67.000 euros de fondos que salen directamente de las arcas públicas. En cuanto a las consecuencias penales a las que se enfrenta este grupo de encapuchados que, por el momento, no ha sido ni identificado ni detenido, el Código Penal contempla penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses para los supuestos agravados del delito de daños recogidos en su artículo 263.2, siempre que concurran las circunstancias previstas en la ley.