Un rodillo dinamométrico para patinetes eléctricos. La ofensiva municipal contra los excesos del patinete eléctrico ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de vigilar cómo circulan estos vehículos, sino de comprobar si cumplen todos los requisitos legales: estar registrados en la DGT, contar con seguro obligatorio y respetar las prestaciones técnicas que marca la normativa. Cuando alguna de esas piezas falla, la consecuencia es cada vez más habitual: sanción, inmovilización e incautación del patinete. Desde finales de enero, el Registro de Vehículos Personales Ligeros está plenamente operativo y obliga a los usuarios a identificar su patinete mediante una etiqueta oficial vinculada a la DGT. Ese paso, imprescindible para contratar el seguro obligatorio, ha cerrado uno de los grandes huecos legales que existían hasta ahora. Y con ese marco ya definido, muchas policías locales han decidido actuar con más contundencia. Identificar al patinete El nuevo escenario combina dos controles distintos. Por un lado, el administrativo: comprobar que el patinete está inscrito, identificado y asegurado. Por otro, el técnico: verificar que realmente es un VMP y no un vehículo modificado que supera los 25 km/h permitidos. Para esta segunda tarea, cada vez más ayuntamientos utilizan dinamómetros portátiles, dispositivos con rodillos similares a los de una ITV. La prueba se realiza en la calle, en presencia del usuario, y registra la velocidad máxima que puede alcanzar el patinete. El dato queda documentado y sirve como base para la sanción. En la práctica, estos controles están sacando a la luz una realidad incómoda: hay muchos patinetes que, aunque ahora estén registrados, no deberían circular. Registrado, pero ilegal Los agentes municipales explican que el hecho de estar inscrito en la DGT no blanquea un patinete trucado. Durante los controles aparecen vehículos con baterías añadidas, limitadores anulados o motores modificados capaces de superar ampliamente el límite legal. Cuando el dinamómetro detecta velocidades de 35, 50 o más kilómetros por hora, el patinete deja de encajar en la categoría de vehículo personal ligero. En ese momento, no cumple la normativa, aunque tenga matrícula, y se retira de la circulación. A esto se suman otros incumplimientos frecuentes: ausencia de seguro, falta de luces reglamentarias, certificado de circulación inexistente o documentación incompleta. Multas más claras y más difíciles de esquivar Con el registro activo, el margen para alegar desconocimiento se ha reducido al mínimo. La normativa contempla sanciones económicas que pueden oscilar entre los 200 y los 1.000 euros, en función de la infracción, además de la inmovilización del vehículo. Algunos ayuntamientos reconocen que la combinación de identificación obligatoria y control técnico ha disparado el número de expedientes. En determinadas campañas se tramitan decenas de denuncias diarias, especialmente por exceso de velocidad y por incumplir las obligaciones administrativas. El efecto colateral: almacenes municipales al límite La retirada sistemática de patinetes está generando un problema inesperado. Los depósitos municipales de varias ciudades empiezan a saturarse con cientos de vehículos incautados, muchos de los cuales no llegan a reclamarse. En algunos casos, el propietario renuncia a recuperarlo por el coste de la sanción; en otros, porque el patinete es antiguo, no tiene certificado y quedará fuera de la circulación legal en 2027. El resultado son espacios repletos de VMP que difícilmente volverán a la calle y que obligan a los ayuntamientos a buscar nuevas soluciones logísticas. Los consistorios justifican este endurecimiento en la presión vecinal. Las quejas por patinetes a gran velocidad en zonas compartidas, los accidentes y la percepción de impunidad han empujado a una estrategia más directa: si el patinete no cumple, se retira.
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