En pocas semanas, el coste del combustible ha subido con fuerza en muchos países y ha obligado a varios gobiernos a reaccionar con medidas que hasta hace poco parecían improbables. Las decisiones se están tomando de forma desigual. Cada país aplica su propia estrategia para evitar que el encarecimiento del petróleo termine trasladándose de forma directa a la economía doméstica de millones de conductores. Las tensiones en Oriente Medio y las restricciones en rutas clave del petróleo han provocado un repunte de los precios del crudo que ya se deja notar en las gasolineras europeas. Hungría Uno de los movimientos más contundentes ha llegado desde Hungría. El Gobierno ha decidido establecer un precio máximo para la gasolina y el diésel, una medida pensada para proteger tanto a particulares como a empresas. La decisión implica que las estaciones de servicio no pueden vender por encima de una cifra fijada por el Ejecutivo. En el caso de la gasolina, el límite se sitúa en 595 florines por litro, lo que equivale a 1,52 euros, mientras que el diésel queda fijado en 615 florines, 1,57 euros. El sistema se aplica únicamente a vehículos matriculados en el país. La intención es evitar distorsiones en el mercado interior y frenar posibles desplazamientos masivos de conductores extranjeros en busca de combustible más barato. Croacia Croacia también ha optado por una fórmula similar para contener el impacto de la subida del crudo. El Ejecutivo ha anunciado un tope de precio para los carburantes, que entró en vigor de forma inmediata en todo el territorio. Según las autoridades croatas, el litro de gasolina no podrá superar los 1,50 euros, mientras que el diésel tendrá un máximo de 1,55 euros por litro. El objetivo es mantener cierto control sobre el mercado en un momento en el que las cotizaciones internacionales del petróleo están marcando máximos de los últimos años. Luxemburgo Luxemburgo representa un caso peculiar dentro del mercado europeo. En este pequeño país, el Gobierno fija los precios máximos de los carburantes a nivel nacional, una política que mantiene el coste del combustible por debajo de muchos países vecinos. Las estaciones de servicio no pueden superar esos precios oficiales. Como consecuencia, el litro de la gasolina ronda los 1,46 euros, mientras que el diésel se sitúa cerca de 1,47 euros por litro. Este sistema, unido a unos impuestos energéticos más bajos, ha convertido al país en uno de los destinos preferidos para el llamado turismo de combustible. Austria Otros países estudian soluciones diferentes. En Austria, el debate gira en torno a una reducción temporal de los impuestos sobre el combustible para suavizar el impacto en el consumidor final. El Ejecutivo analiza distintos modelos de alivio fiscal mientras sigue de cerca la evolución de los mercados energéticos. La propuesta más comentada pasa por recortar durante un tiempo limitado las tasas que gravan gasolina y diésel. La medida aún no está definida, pero el propio canciller ha defendido públicamente la necesidad de actuar si la volatilidad del petróleo continúa presionando los precios. Francia y Portugal En Francia, el Gobierno ha optado por aumentar la vigilancia sobre el mercado de combustibles. Las autoridades anunciaron un plan extraordinario de inspecciones en estaciones de servicio para detectar posibles incrementos abusivos en el precio de la gasolina y el diésel tras el repunte del petróleo. En Portugal, la respuesta ha sido fiscal. El Gobierno aprobó una rebaja temporal del impuesto sobre el diésel de aproximadamente 3,55 céntimos por litro, con el objetivo de compensar el aumento del precio del crudo en los mercados internacionales y limitar su impacto en las gasolineras. La medida llega después de que el combustible registrara incrementos superiores a 20 céntimos por litro en pocos días. ¿Y, España? En España, el Gobierno prepara un paquete de medidas económicas para mitigar el impacto de la subida del petróleo en el precio de la energía y de los carburantes. El Ministerio de Economía ha confirmado que el Ejecutivo trabaja en medidas fiscales y ayudas dirigidas especialmente a sectores como el transporte y la agricultura, mientras analiza el efecto del encarecimiento del diésel y la gasolina en la economía.
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