En varias carretera empieza a repetirse una escena llamativa. No responde a incidencias técnicas ni a simples averías, sino a daños que reaparecen de forma sistemática en los mismos puntos, incluso pocas horas después de haber sido solucionados. Las imágenes se repiten con demasiada frecuencia y empiezan a formar parte del paisaje. Cabinas inutilizadas, cristales rotos y equipos fuera de servicio en tramos concretos donde, hasta hace poco, el control era constante. Un patrón fijo en varios puntos El foco se sitúa especialmente en algunas carreteras de la Comunidad de Madrid, donde varios dispositivos de control de velocidad han sido atacados de forma reiterada durante los últimos meses. No se trata de episodios aislados, sino de una dinámica que se prolonga en el tiempo. En vías como la M-607 o M-505, estos equipos han sufrido daños constantes. En algunos casos, la reparación apenas dura unas horas antes de que vuelvan a aparecer destrozados, lo que evidencia un patrón difícil de frenar. Daños ocasionados Los métodos utilizados no dejan lugar a dudas sobre la intencionalidad. Algunos dispositivos han sido rociados con pintura para inutilizar sus cámaras, mientras que otros han sufrido impactos directos que han destrozado sus estructuras externas. También se han detectado casos en los que se introducen objetos en el interior tras romper el cristal, bloqueando completamente su funcionamiento. La variedad de técnicas complica la prevención y obliga a intervenciones constantes. Un cartel anunciando la presencia de un radar. El caso más repetido Uno de los ejemplos más llamativos se encuentra en un tramo limitado a 80 km/h de Colmenar Viejo, donde un radar fijo ha sido reparado en varias ocasiones para volver a quedar fuera de servicio al día siguiente. Su ubicación, parcialmente en oculta, lo ha convertido en un objeto recurrente. La situación no es muy distinta en otros puntos como Galapar o Boadilla, donde incluso un radar de tramo instalado hace más de un año no ha llegado a funcionar con normalidad debido a los daños sufridos ante de su puesta en marcha. Aunque la situación en Madrid ha ganado protagonismo, no se trata de un caso aislado. En otras provincias también se han registrado episodios similares, con dispositivos dañados poco después de su instalación o incluso antes de comenzar a operar. Reparaciones costosas Detrás de cada uno de estos dispositivos hay una infraestructura tecnológica avanzada. No son simples cámaras, sino sistemas que integran reconocimiento automático de matrículas, sensores láser y conexión con satélites GPS para calcular velocidades con precisión. El coste de reparación refleja esa complejidad. Cada intervención puede rondar los 70.000 euros en el caso de un radar fijo, una cifra que aumenta si se trata de sistemas de tramo, lo que eleva considerablemente el impacto económico acumulado. Radares de pórtico detrás de un panel. Consecuencias legales La destrucción de este tipo de infraestructuras está tipificada como delito en el Código Penal. Los responsables pueden enfrentarse a penas de prisión de entre uno y tres años, además de sanciones económicas y la obligación de asumir el coste de los daños. A pesar de ello, se han producido detenciones en las que los implicados no eran plenamente conscientes de la magnitud económica de sus actos, llegando incluso a solicitar ayuda para afrontar las indemnizaciones. Refuerzo de vigilancia Ante esta situación, las autoridades han optado por incrementar la presencia de agentes en las zonas más afectadas. El objetivo es doble: prevenir nuevos actos vandálicos y tratar de identificar a los responsables. Sin embargo, la extensión de la red de carreteras y el elevado número de dispositivos instalados, cerca de 4.000 en toda España, dificultan una vigilancia constante, lo que mantiene abierto un problema que, por ahora, no tiene una solución sencilla.
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