Coches aparcados en una calle de Madrid.El propietario de un vehículo paga en San Sebastián un 51% más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid. Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los paraísos fiscales que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900%. La libertad de aplicación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) hace que muchos ayuntamientos cobren más por este tributo y otros lo bonifiquen al máximo para atraer un gran número de coches. Tal es el caso de 10 municipios españoles con una población de entre 600 y 15.000 habitantes, que en 2025 matricularon el 35% de los coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal. Moralzarzal, Venturada, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real, Robledo de Chavela, Brunete, Collado Mediano y Patones (todos de Madrid); Finestrat, en Alicante, y Tejeda, en Gran Canaria, acumularon 244.921 turismos de un total de 694.559 unidades. Así lo refleja Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha presentado su informe anual sobre un tributo que genera a las haciendas locales unos 3.000 millones de euros. El impuesto se paga en función de la potencia fiscal de los turismos y de la cilindrada de las motos; los camiones y autobuses tributan según su peso y número de asientos. En todo caso, el cálculo se realiza de acuerdo con una tarifa mínima establecida para toda España, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra. Bonificaciones en el impuesto de circulación La trampa la facilita la propia ley, tanto por encima como por debajo: la normativa permite a los ayuntamientos duplicar la tarifa mínima, circunstancia que se da en ocho de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA. Por la otra cara, los ayuntamientos están facultados a aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales. Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística. Sin embargo, esta discrecionalidad “ha posibilitado que se desvirtúe la finalidad del sistema tributario local y ha dado lugar a la creación en España de verdaderos paraísos fiscales”, señala AEA en su informe. Así, por ejemplo, un vehículo medio de 11,99 caballos de potencia fiscal paga en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 34,08 euros, frente a los 59 de Madrid, los 68,16 euros de Barcelona y los 89,25 euros de San Sebastián. Un automovilista donostiarra desembolsa un 161% más que otro afincado en Tenerife. Ayuntamientos más baratos Entre los ayuntamientos más caros, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz. Las capitales con un tratamiento fiscal más favorable son Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña. Estas diferencias se aprecian un escalón más abajo, entre poblaciones de una misma provincia. Rajadell y Aguilar de Segarra, en Barcelona, cobran ocho veces menos que en la capital catalana; en Madrid, el impuesto capitalino multiplica por siete el de localidades como La Hiruela, Patones o Rozas de Puerto Real. Este hecho ha motivado que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca “la lotería del 'numerito”, como popularmente se llama al IVTM: ingresan cientos de miles de euros por coches y furgonetas que nunca circularán por sus calles. A juicio de AEA, el fenómeno de los paraísos fiscales “se inició a raíz de la eliminación del indicativo provincial de las matrículas”, en septiembre de 2000, lo que permitió a los propietarios de grandes flotas concentrar la matriculación en municipios con baja fiscalidad.
