La tecnología de los automóviles avanza, en ocasiones, más rápido que la legislación. Esto provoca que determinadas funciones estén disponibles en unos países mientras que en otros su utilización todavía no está permitida. En Corea del Sur, un grupo de propietarios de Tesla decidió no esperar a que las autoridades dieran luz verde a una de estas tecnologías. Una decisión que podría tener graves consecuencias. Una modificación que puede salir muy cara El pasado 27 de octubre, la Policía Metropolitana de Seúl anunció que había remitido a la Fiscalía los casos de 80 propietarios de vehículos Tesla por activar presuntamente de manera ilegal el sistema Full Self-Driving (FSD), la tecnología avanzada de asistencia a la conducción de la marca estadounidense. La investigación, iniciada a petición del Ministerio de Transportes surcoreano y realizada en colaboración con la Agencia de Seguridad del Transporte de Corea, permitió confiscar 21 dispositivos electrónicos no autorizados que servían para eludir las restricciones del fabricante. Algunos de los implicados habrían adquirido estos módulos en China y Europa, mientras que otros optaron por fabricarlos por su cuenta. Entre ellos se encuentra un profesional del sector informático que habría desarrollado su propio dispositivo. Los investigadores también descubrieron que los propietarios compartían información a través de comunidades de internet, donde intercambiaban métodos para desbloquear la función y evitar que quedara constancia de su utilización en el vehículo. El Autopilot de Tesla entra dentro del nivel tres de conducción autónoma. Hasta 13.600 euros de multa Las autoridades advierten de que estas modificaciones, al no haber superado los controles del fabricante, pueden provocar errores en el reconocimiento del entorno o generar reacciones del automóvil contrarias a las intenciones del conductor. Aunque su denominación comercial pueda llevar a confusión, el FSD supervisado es un sistema de asistencia a la conducción de nivel 2. Permite gestionar la velocidad, cambiar de carril o seguir una ruta, pero requiere la supervisión constante del conductor. El artículo 35 de la legislación surcoreana prohíbe modificar, instalar o eliminar de manera arbitraria cualquier software que pueda comprometer la seguridad de un automóvil. El incumplimiento de esta disposición está castigado con penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 20 millones de wones (aproximadamente 13.600 euros), tal y como establece el artículo 80 de la misma ley. De hecho, el Ministerio de Transportes surcoreano ya había advertido el pasado 31 de marzo de las consecuencias legales de esta práctica. Por el momento, los investigados permanecen en libertad y no consta que hayan sido condenados. Por qué unos Tesla pueden utilizar el sistema y otros no El origen de esta polémica se encuentra en las diferencias de homologación de los vehículos en Corea del Sur en función de su lugar de fabricación. Tesla comenzó a desplegar su sistema FSD supervisado en el país a finales de 2025. Sin embargo, inicialmente solo estaba disponible para los Model S, Model X y Cybertruck fabricados en Estados Unidos. Estos vehículos se benefician del tratado de libre comercio entre ambos países, que permite reconocer determinados estándares estadounidenses de seguridad sin necesidad de realizar una homologación adicional. En cambio, los Model 3 y Model Y procedentes de la fábrica de Shanghái deben cumplir los requisitos específicos de las autoridades surcoreanas, por lo que todavía no pueden utilizar esta tecnología. Según los datos facilitados por Tesla Corea, de los 238.968 vehículos de la marca registrados en el país a finales de septiembre de 2026, únicamente 53.477 podían utilizar el sistema. Es decir, apenas el 22,4%. Tesla Model X. Pagaron por una tecnología que no podían utilizar La polémica va más allá de las modificaciones ilegales. Durante años, Tesla comercializó su paquete FSD en Corea del Sur entre clientes que posteriormente no pudieron acceder a todas sus funciones. Algunos compradores llegaron a desembolsar el equivalente a 6.150 euros por esta tecnología. Un grupo de 88 propietarios presentó una demanda para recuperar el dinero, pero un tribunal de Seúl desestimó sus pretensiones el pasado 29 de octubre. La justicia consideró que Tesla no había prometido una conducción completamente autónoma y que ya había proporcionado algunas de las funciones incluidas en el paquete. El conflicto volvió a intensificarse el 4 de noviembre, cuando una asociación de consumidores denunció que el fabricante estadounidense podría haber inducido a error a sus clientes durante la comercialización de esta tecnología.