España vuelve a enfrentarse a una interrupción de los incentivos justo cuando el mercado empieza a crecer con fuerza; el presupuesto disponible está a punto de agotarse y su renovación dependerá del futuro escenario político; fabricantes, concesionarios y compradores se preparan para otro periodo de incertidumbre que amenaza con frenar las ventas. La historia se repite. Justo cuando las ventas de coches eléctricos empiezan a coger velocidad en España, vuelve a aparecer uno de los grandes problemas que llevan años lastrando nuestro mercado. Las ayudas públicas. Y es que estos incentivos que deberían servir para "engrasar" las matriculaciones y dar confianza a los compradores, están a punto de desaparecer otra vez. Y con ellas la confianza de muchos compradores. Una situación que ya vivimos a finales de 2025 y principios de 2026, y que amenaza con volver a dejar a miles de compradores en tierra de nadie. Personas que están valorando dar el salto al coche eléctrico y que, de repente, tendrán que decidir si compran sin ayudas o esperan varios meses con la esperanza de que vuelvan a activarse. Y luego rezar para entrar en los requisitos del nuevo programa. Según las previsiones que maneja el Ministerio de Industria, los fondos del Programa Auto+ se agotarán la próxima semana o, como muy tarde, durante la primera semana de diciembre. El ritmo de solicitudes ha sido superior al que permite sostener el presupuesto hasta final de año y el Ejecutivo no contempla aprobar una ampliación extraordinaria para cubrir los últimos meses. Las cifras explican la situación. Hasta el 11 de noviembre se habían solicitado 326,27 millones de euros de los 350 millones disponibles para particulares, lo que supone algo más del 93% del presupuesto. Quedaban, por tanto, apenas 23,73 millones de euros, una cantidad que podría consumirse rápidamente si se mantiene el ritmo de compras. En total se habían registrado 103.038 solicitudes, de las cuales el 63% correspondían a coches eléctricos. Unos datos que muestran que existe demanda y que las ayudas están funcionando, pero que también ponen en evidencia que la planificación presupuestaria no ha sido suficiente para acompañar el crecimiento del mercado. Y no estamos hablando de un problema inesperado. El Gobierno conoce desde hace meses el ritmo de solicitudes, las previsiones de matriculaciones y la evolución del presupuesto. Aun así, España vuelve a acercarse al final del año sin una respuesta que evite la interrupción de los incentivos. Un mercado que puede quedar paralizado hasta que haya nuevo Gobierno La situación resulta especialmente delicada porque la continuidad de las ayudas dependerá ahora del escenario político. El Ejecutivo actual se ha comprometido a renovar el Programa Auto+ durante 2027 y aplicar las nuevas ayudas con carácter retroactivo a las compras realizadas en diciembre, una vez agotados los fondos actuales. Pero ese compromiso tiene una condición importante: que las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno consigan mantenerse en el poder tras las elecciones y formar un nuevo Ejecutivo. Si cambia el Gobierno, no existe ninguna garantía de que el programa continúe en las mismas condiciones. Esto significa que quienes compren un coche eléctrico durante las próximas semanas podrían encontrarse en una situación bastante incómoda. La ayuda podría llegar más adelante, pero también podría cambiar de cuantía, condiciones o incluso desaparecer, dependiendo de las decisiones que adopte el futuro Ejecutivo. Y aquí está precisamente uno de los mayores errores de nuestro sistema de incentivos. La compra de un coche eléctrico no puede depender constantemente del calendario electoral, de la aprobación de nuevos presupuestos o de convocatorias que se agotan sin solución de continuidad. Estamos hablando de una inversión importante para cualquier familia. Un comprador necesita conocer el precio final antes de firmar la operación, no tener que calcular cuánto podría recibir dentro de unos meses si se cumplen determinadas condiciones políticas. Desde Faconauto, la patronal de los concesionarios, ya advierten de las consecuencias. Su portavoz, Raúl Morales, considera que los fondos están prácticamente agotados y que las perspectivas no son buenas, precisamente por la incertidumbre sobre la formación del próximo Gobierno. Los concesionarios tendrán que intentar compensar la desaparición de las ayudas mediante descuentos y campañas comerciales, pero también reconocen que su capacidad para hacerlo es limitada. No pueden sustituir indefinidamente una subvención pública con promociones financiadas por sus propios márgenes. Además, el problema no se limita al agotamiento del Programa Auto+. El sector también advierte de que a finales de año decaerá la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un coche eléctrico, lo que añadiría otra pérdida de incentivos para quienes estén pensando en comprar uno. Conviene recordar que el Programa Auto+ llegó precisamente para corregir algunos de los problemas del antiguo MOVES. Su puesta en marcha se retrasó hasta agosto de 2026 y sustituyó la gestión autonómica por un sistema centralizado, con ayudas de hasta 4.500 euros para particulares. La cuantía depende de factores como la tecnología del coche, su precio y su lugar de fabricación. Para acceder al máximo incentivo, el modelo debe ser eléctrico, tener un precio inferior a 35.000 euros y cumplir determinados requisitos de fabricación europea, tanto del coche como de parte de su batería. El programa también dispone de una partida específica de 50 millones de euros para empresas y autónomos, de los cuales ya se habían solicitado 43 millones. Es decir, la presión sobre los fondos no se limita a los compradores particulares. Aunque la normativa contempla la continuidad del Auto+ hasta 2030 mediante sucesivas renovaciones, eso no significa que exista financiación garantizada para todos los ejercicios. Y ahí está la principal debilidad del sistema: se anuncia un programa plurianual, pero su aplicación efectiva sigue dependiendo de decisiones presupuestarias que pueden interrumpir las ayudas. Opinión Lo más frustrante es que España vuelve a tropezar con una piedra que ya conoce perfectamente. Hemos pasado por periodos sin incentivos, retrasos en las convocatorias y meses de incertidumbre que terminan frenando las ventas. Y cuando finalmente se recupera la normalidad y las matriculaciones vuelven a crecer, el presupuesto se agota y regresamos al punto de partida. No se trata de pedir ayudas ilimitadas ni de mantener indefinidamente las subvenciones. Se trata de establecer un calendario claro, dotaciones suficientes y mecanismos que permitan anticiparse al agotamiento de los fondos. Algo que debería resultar perfectamente posible cuando se conocen las solicitudes prácticamente en tiempo real. Y todo esto ocurre en un momento en el que España está recibiendo importantes inversiones industriales para fabricar coches eléctricos y baterías. Resulta contradictorio querer convertirse en uno de los principales productores europeos mientras el mercado nacional sigue sometido a una incertidumbre que las propias administraciones podrían evitar. Mientras tanto, España ha demostrado una gran agilidad para poner en marcha, y renovar automáticamente, los miles de millones de euros en ayudas a los combustibles. Unas ayudas de las que se benefician todos los conductores, incluyendo turistas, y que no necesita farragosos procesos de activación o de renovación, recibiendo la ayuda en el surtidor sin tener que esperar semanas o meses por la transferencia como sucede con las ayudas a la compra de eléctricos. Lo peor no es eso, lo peor es que en lo que llevamos de 2026, el gasto del estado destinado a abaratar los combustibles fósiles es entre 4 y 5 veces superior al presupuesto total asignado a las ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos (Plan Auto+).